25

de junio

de 2002

San Luis. En el marco de la discusión previa del proyecto de ley de libertad religiosa y de culto un grupo de diputados mantuvo ayer una reunión en el auditorio de la Legislatura Provincial con el ex-jefe de gabinete de la Provincia, e impulsor del proyecto, Alberto Rodríguez Saá y el ministro de Gobierno, Joaquín Surroca.

La ocasión fue propicia para adelantar el debate que se dará en el reciento, intercambiar opiniones y exponer fundamentos en el seno mismo del bloque del PJ-PUL-MID-PDL.

La invitación partió de las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Legislación General.

Fue Alberto Rodríguez Saá quien habló en primer término y explicó los tres ejes importantes del proyecto de ley: la libertad de pensamiento, libertad religiosa y de culto. "Esta es una ley que no puede molestar a nadie" dijo el ex funcionario tras considerar "nos dará derecho de pensar libremente y que los derechos humanos sean efectivamente aplicados para todo el mundo".

Más adelante consideró que si hubiera existido una norma como esta tal vez no hubieran existido tantos desaparecidos y mucho menos de tortura. Luego enfatizó que "la libertad de pensamiento tiene que ver con la situación de la Provincia en este momento en que estamos a la altura de revolución científica y tecnológica"

El segundo eje del proyecto habla de la libertad religiosa y fue Rodríguez Saá quien rememoró al puntano Juan Crisóstomo Lafinur "el primer proscrito por su pensamiento y precursor de la libertad religiosa en Chile".

Y en lo que consideró la "tercera esfera" el ex legislador nacional dijo que la libertad de culto permitirá que aquellas personas que tienen una creencia puedan exteriorizarla.

En varias oportunidades Rodríguez Saá reflexionó que "se trata de una ley de vanguardia, es amplia, bien pensada y bien hecha. Sería la primera ley que tendrá el culto católico que da una solución a los problemas de objeciones de conciencia".

El antecedente de la legislación es de España donde, tras el régimen dictatorial de Francisco Franco, se aprobó por unanimidad una ley de redacción similar.

• Diálogo y debate

Tras las palabras de Rodríguez Saá, y luego del ministro Surroca, los diputados comenzaron un diálogo que fue subiendo de tono a medida que aumentaban los interlocutores.

María Antonia Salino explicó cuáles fueron las modificaciones introducidas en el artículo 1 donde se dieron mayores garantías a la Iglesia Católica y luego Susana Sosa Lago consideró que "se trata de una ley de garantía. Al otro (persona) hay que respetarlo, no soportarlo".

Fue Lilia Novillo quien tomó la palabra posteriormente y señaló "esto ha originado conflicto con algunos, no debe tomarse represalias con quienes piensan diferente. El culto católico tiene un status jurídico diferente y una historia diferente".

De acuerdo a la coincidencia de algunos diputados el tema económico es uno de los factores de conflicto, por lo que se analiza la posibilidad de sacar del texto menciones relacionadas con ese punto.

Fue el presidente de la cámara Carlos Sergnese quien habló al final de la reunión y reconoció "advertí en un comienzo que no hay oposición y sí las diferencias quizás surgieron de un error que roza la cuestión económica". Sentenció al final "la sociedad de San Luis se merece tener una ley como esta".

• Equidad

 La ley de libertad religiosa, que ya tiene media sanción del Senado se trata de una iniciativa de cara al futuro. Es un paso fundamental en la evolución de la sociedad, en el camino ineludible y necesario de crecimiento en el respeto de los Derechos Humanos. San Luis ha crecido, ha cambiado, y en esos cambios hay que considerar de una manera seria y responsable la presencia de cultos y religiones que antiguamente tenían una presencia insignificante, pero que hoy agrupan a mucha gente. Esa misma gente hoy se siente como un ciudadano de segunda categoría. Debe darse una solución a esta situación, sin que ello signifique menoscabar ni la tradición ni los derechos de la mayoría.

El espíritu de la ley se basa en un principio de equidad y justicia, sin por ello dejar de lado la obligación y compromiso constitucional de sostener el culto católico mayoritario -pero en modo alguno único y excluyente- de la sociedad argentina.

Es una norma que hace al crecimiento de San Luis como sociedad moderna, porque extiende el concepto de derechos humanos, incorporando principios de equidad.